LOS FINES DE LA VIOLENCIA. EL TERRIRISMO DE ESTADO Y SUS CAUSAS ESTRUCTURALES

Autor: por Victor Hugo Ligarribay

Universidad Nacional de Salta – Carrera de Ciencias de la Comunicación


Introducción: distintas aproximaciones a la violencia política argentina

En una entrevista reciente, y con motivo de la primera edición de su libro La violencia oligárquica antiperonista 1951-1964, el sociólogo Rodolfo Baschetti afirma que la violencia en la política argentina no comenzó en los años 70. Esta hipótesis, ciertamente novedosa, está basada en una serie de documentos que el autor ha recolectado a lo largo del tiempo y que le permiten corroborar la idea central del libro. El título es sugestivo, y apunta justamente a denunciar todos los hechos violentos que se sucedieron desde 1951 (primer intento de golpe de estado por parte de un sector de oficiales de la caballería) hasta llegar a la década de los 70. Para el autor, se trata de una espiral de agresiones que fue iniciada por los sectores de la oligarquía opositora al peronismo, y no, como supone la mayoría de la historiografía actual, con el tan recordado asesinato de montoneros al general Aramburu.

Baschetti hace un recorrido que va desde este primer intento de golpe, por parte de un grupo de jóvenes oficiales pertenecientes a las clases terratenientes argentinas, entre quienes ya se destacan nombres como Julio Alsogaray, Agustín Lanusse, Tomás Sánchez de Bustamante y Gustavo Martínez Zuviría. Esta primera intentona, sofocada por sectores de la sub-oficialidad peronista, será una antesala que continuará luego con las jornadas de julio y setiembre del 55, y con el infame bombardeo a la plaza de mayo. El autor también recuerda los fusilamientos en el basural de León Suarez y la ejecución sumaria del general peronista sublevado Juan José Valle, entre otras formas de violencia como ser la represión al movimiento obrero, el encarcelamiento de dirigentes sindicales y la aún más violenta proscripción del peronismo durante diecisiete años. La hipótesis inicial de Baschetti es evidente, la contraofensiva violenta de la derecha antiperonista no comenzó en la década del 70. Y su libro sirve, sin duda, para denunciar los aberrantes e impunes crímenes cometidos durante el periodo analizado.

Pero, ¿por qué la violencia? El autor considera que todos estos episodios tenían como objetivo regresar al país al momento anterior a la llegada del peronismo al poder: la década infame. Momento en el que se según Baschetti, los obreros tenían obligaciones pero no derechos. Sin embargo, y con toda la novedad que su enfoque significa, no es el primer autor en usar la idea de la revancha como motor de la violencia política. También Eduardo Basualdo, hace hincapié en esta idea de una venganza oligárquica o revancha clasista en contra de los sectores populares, y sobre todo, en contra de la experiencia político-social del estado de bienestar peronista. Creemos, no obstante, que esta idea de la venganza como móvil político es incorrecta para establecer una adecuada explicación de lo ocurrido durante la trágica década de los 70.

El Plan Pinedo como marco articulador de los sectores dominantes

El llamado modelo de industrialización por sustitución de importaciones no es otra cosa que el programa político económico que los sectores dominantes argentinos implementaran, con variaciones, durante las tres décadas posteriores a la crisis mundial capitalista de 1930. Estas directivas generales sobre el rumbo que la sociedad Argentina deberá seguir para superar la crisis mundial quedarán cristalizadas en el Plan Pinedo. Podríamos decir que desde 1935 hasta 1975 Argentina experimentará distintas formas de implementación de este Plan, que tiene la importancia de sintetizar los objetivos hegemónicos de los sectores más concentrados y diversificados de la burguesía argentina.

Según Alejandro Horowicz, para 1935, Federico Pinedo, en calidad de ministro de hacienda del gobierno de facto del general Justo, diseñará e implementará las herramientas institucionales necesarias para el funcionamiento del nuevo modelo. En este sentido, el control de cambios, el banco central y las juntas reguladoras, son elementos centrales del nuevo programa, no sólo porque permiten establecer el control necesario sobre los flujos financieros en un contexto de recesión y crisis del mercado mundial, sino, y principalmente, porque habilitan por primera vez al estado nacional como ente planificador, ejecutor y supervisor de la política económica.

El Plan incorpora elementos propios de la teoría keynesiana, como ser la implementación de políticas anti-cíclicas destinadas a revertir el decrecimiento de la demanda agregada mediante la intervención del estado en la construcción de obras públicas, con el fin de generar un aumento de empleo y del consumo. Tampoco el plan se priva de introducir elementos de la economía centralizada soviética, como ser la creación de organismos estatales capaces de establecer criterios de crecimiento y planificación en el mediano y largo plazo3. El programa incluso previene sobre la necesidad de fortalecer los vínculos regionales con el fin de proveer a la creciente industria nacional de potenciales mercados para ampliar las escalas de producción, y esto lo pone a la vanguardia, en tanto anticipa la creación del Mercosur y otras experiencias de fortalecimiento del comercio regional. El eje del nuevo modelo, a diferencia del anterior modelo agroexportador, gira en torno al desarrollo del mercado interno, impulsado a su vez por el crecimiento del consumo de los sectores populares, en un contexto de pleno empleo y aumento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores industriales. No obstante, si bien Pinedo anticipa el rol central que tendrá el consumo popular como motor principal de la demanda agregada, no es capaz de prever la emergencia política de estos trabajadores devenidos en protagonistas estructurales del Plan. En otras palabras, y pese a lo avanzado del Plan, ni Pinedo ni la burguesía argentina, esperaban algo semejante a lo que significó el peronismo, y esto quizá se deba a la sorpresiva y disruptiva forma en que este fenómeno hizo su ingreso en la arena política de la república burguesa.

El concepto de revancha apela a una idea que, según la Real Academia Española, estaría vinculada a “reintegrar-se lo perdido/ restaurar una pérdida” o incluso a “tomar satisfacción/vengar una ofensa o una pérdida”4. Es innegable que el peronismo despertó todos sentimientos en los sectores opositores más duros, e incluso en los que no lo eran tanto. Basta con recordar la frase que el contralmirante Arturo Rial le dirige a una comisión de sindicalistas municipales que iban a entrevistarse con el general Lonardi para pedir que se mantuvieran los derechos obtenidos durante el peronismo: “Sepan que la revolución libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero”5, para darnos cuenta cabal del odio de clase que el peronismo despertaba en los sectores conservadores. Sin embargo, consideramos que la violencia como herramienta de resolución de las diferencias políticas no se agota en un mero sentido de venganza, revancha o desquite, sino que posee una significación mucho más profunda vinculada al aprendizaje.

El ciclo de golpes militares que comienza en 1955 y los distintos gobiernos que se suceden hasta llegar a 1975, muestran la voluntad de los sectores dirigentes de implementar su programa de Estado – el plan Pinedo – pese a los enfrentamientos y conflictos sociales que su misma aplicación causaba. No obstante, la proscripción de la principal fuerza política del país, suponía un riesgo para nada pequeño, con el que la burguesía nacional tuvo que lidiar durante dieciocho años. En este sentido, las interrupciones militares no tenían otro fin que el de enfriar la resistencia popular, mientras se ensayaban otras posibilidades de legitimidad política que no incluyeran – por lo menos directamente - al peronismo en el poder. De más está decir, que tanto los gobiernos militares como los gobiernos semidemocráticos de la UCR fracasaron en esta tarea, el peronismo innegablemente se había convertido en el hecho maldito de la república burguesa. Pero la contradicción va más allá de una simple cuestión electoralista, ya que incluir al peronismo en la política institucional implicaba una distribución de la torta que los sectores dominantes no estaban dispuestos a tolerar (ni siquiera los más Pinedistas de ellos), pero, por otro lado, su exclusión podía llevar a una radicalización de la lucha por el poder, y por ende, a una consecuente derogación violenta de la república burguesa misma. Los gobiernos de la proscripción oscilarán entre una y otra opción durante casi dos décadas, será finalmente el general Lanusse quien se decidirá por uno de los términos: el peronismo debe regresar al poder.

Con la famosa consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder” queda todo expuesto sobre tablas. El regreso de Perón al poder era la última alternativa posible para detener el creciente proceso de radicalización y crisis política, que la proscripción del peronismo sólo tendía a alentar y a agravar. Lanusse jugará su última ficha: “que Perón se encargue de los suyos, y que ponga orden en este país”. Si bien, la clausula más importante de este contrato implícito entre los militares y Perón será violada, nos referimos a la proscripción del líder para presentarse a elecciones, el marco económico del GAN (Gran Acuerdo Nacional) no será modificado ni en una coma, y la llegada de José Gelbard al ministerio de economía comprueba esta hipótesis. El Plan Trienal y su pata política en el Pacto Social, son el último intento de la burguesía nacional por llevar a cabo el tan frustrado e interrumpido Plan Pinedo. Perón entiende perfectamente su rol, contener las demandas de los sectores de la izquierda peronista, por lo menos hasta que el Plan empezara a dar sus primeros frutos. Alejandro Horowicz sostiene que Perón nunca pensó en una masacre colectiva, sino en una suerte de represión homeopática que contuviera momentáneamente a los sectores más radicalizados de su movimiento6. Sin embargo, el peronismo de los 70 era la versión más explosiva del movimiento, con fuertes conflictos al interior del movimiento sindical, con una burocracia anquilosada y sin representación política, con sectores juveniles fuertemente movilizados y lo más importante, sin una fracción adepta en el ejército. El orden que el sector azul de las FFAA le imponía a Perón como política de gobierno, excedía por mucho las posibilidades del viejo caudillo.

El objetivo político de la violencia

El peronismo puede ser leído como posibilidad, en tanto permitió configurar la identidad política de los sectores populares y canalizar sus reclamos dentro de los límites de la política institucional. Pero, también puede ser estudiado como un límite, ya que restringe las demandas populares a un punto máximo e in-traspasable: el que la burguesía esté dispuesta a tolerar. El Plan Pinedo es el causante estructural de esta contradicción específica entre el trabajo y el capital, y el peronismo no es otra cosa que su hijo más amado, pero también más temido. Parafraseando un poco al contralmirante Rial, para el peronismo, el hijo del barrendero puede aspirar a mejores condiciones de vida, incluso dejar de ser barrendero si así lo quisiese, pero lo que no puede dejar de hacer es trabajar, vender su fuerza de trabajo a la burguesía a cambio de un salario. Es por esto que el peronismo es un acontecimiento maldito para el país burgués, porqué siendo el que mejor cumple los requisitos del Plan Pinedo, es también el que con más ahínco – sobre todo sus bases – trata de desbordar los límites impuestos por el mismo Plan.

La burguesía concentrada y el sector colorado de las fuerzas armadas, comprenderán que las fuerzas que el Plan Pinedo desata son imposibles de ser controladas, ni siquiera por el mismo Perón, y menos aún con el líder muerto. Mientras las luchas facciosas al interior del movimiento peronista agotan las salidas políticas, y la derecha parapolicial aniquila una alternativa superadora por izquierda, en los pasillos de la CGE se piensa el nuevo programa económico, esta vez sí, con el apoyo entusiasta de la UIA y la SRA, e incluso de ACIEL (única patronal que no había adherido al Plan Gelbard). El ajuste llegará finalmente de la mano del ministro Celestino Rodrigo, en el marco de un gobierno peronista, el de Estela Martínez de Perón. Si el Plan Pinedo apostaba al consumo interno popular como motor del crecimiento económico, el “rodrigazo” es todo lo contrario, ya que políticas como el aumento de precios y la devaluación de la moneda en un 160%, solo pueden tener un objetivo, atacar fuertemente el poder adquisitivo de los sectores populares. Esto no es otra cosa que el inicio de un modelo económico basado en la concentración del ingreso y la regresión en la distribución de las riquezas. Sin embargo, este primer intento de neo-liberalismo sui generis se vería frustrado rápidamente por la movilización de las bases sindicales, que obligarían al ministro a dar marcha atrás a su programa devaluatorio mediante un aumento similar de los salarios. Era la primera vez que un gobierno peronista aplicaba una medida marcadamente anti-popular, pero también sería la primera vez que los sindicatos organizarían una huelga general en contra de un gobierno peronista. Mientras tanto, la burguesía argentina observaba el panorama con recelo, si la derecha peronista no podía darles lo que ellos le pedían, ellos –léase, las FFAA- tendrían que tomar cartas en el asunto.

Por un lado, el terrorismo de estado no fue una suerte de juego de violencias contrapuestas como pretendía el prólogo al Nunca Más de 1984, y esto se debe a que no es posible equiparar los asesinatos de la guerrilla (cometidos por particulares, y por lo tanto por sujetos que debían ser juzgados bajo el estado de derecho) con los crímenes de lesa humanidad (perpetrados por el Estado Nacional, que se supone debe ser el encargado de hacer cumplir la ley, y las garantías constitucionales). El alfonsinismo llevó al estrado -en pie de igualdad- al líder montonero Mario Firmenich, y al general genocida Jorge Rafael Videla. Esto, en otras palabras, significa que ni el gobierno radical (ni tampoco la oposición peronista) pusieron en algún momento en tela de juicio la historia con la que los militares habían justificado sus aberrantes acciones. Por otro lado, por más odio y rencor que le guardaran los sectores dominantes al peronismo, tampoco es válido el análisis del genocidio como un desquite o una revancha clasista. Si así fuera, entonces no se entendería el altísimo grado de planificación y de sistematización con los que la dictadura militar llevo a cabo su masacre colectiva.

En este punto cabe citar parte del prologo a la re-edición del Nunca Más del 2006:
“La dictadura militar se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar
con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran
conculcadas”

Esto es hablar claro. El objetivo del terrorismo de estado no fue acabar con la guerrilla, dado que para 1975 ésta ya había sido militarmente aniquilada por la triple A y luego por el operativo independencia (versión en pequeña escala de la masacre por venir). Pero, tampoco se trató, como sostiene Basualdo, de una simple venganza anti-popular, fascista y reaccionaria, con el sólo objetivo de tomar revancha por los privilegios arrebatados. Ni lo uno ni lo otro, la violencia estatal tenía un objetivo muy preciso: desperonizar al país mediante la instalación de un nuevo modelo económico. Los sectores dominantes entendieron, gracias al experimento del ministro Rodrigo, la doble lógica del problema en cuestión. Por un lado, la imposibilidad de recuperar sus privilegios a partir de un programa de ajuste económico severo sin hacer uso de una represión estatal general. Pero por el otro, la certidumbre de que la violencia por sí sola no era suficiente, y que para des-colectivizar8 a los sectores populares era necesario destruir el sustrato social que los aglutinaba: la fábrica.

Conclusiones: encubrimientos y des-encubrimientos

El nuevo modelo de acumulación de capital, que Basualdo describe como un sistema económico basado en la valorización financiera de los activos productivos liquidados, aglutina en un proyecto común a la burguesía nacional que ahora, liberada de las molestas ataduras intervencionistas, podrá dedicarse a especular libremente su capital en el mercado mundial. Sin embargo, este programa no hubiera sido posible de ejecutar sin la inmensa masa de créditos puestos a disponibilidad de los países latinoamericanos por los bancos occidentales receptores de petrodólares. Es la deuda externa, privada al principio y luego estatizada, la que permitirá sostener, durante la dictadura y el menemismo, este régimen de acumulación basado en una inédita concentración del ingreso y una aún más sorprendente venta de los activos productivos del país. Ante este panorama, el prólogo del 2006 vuelve a enmascarar las complicidades que su predecesor encubría, aunque esta vez de manera mucho menos sutil, debido a que es el mismo texto el que provoca la inevitable pregunta: si el terrorismo de estado fue una herramienta al servicio de la implantación de un nuevo modelo económico, entonces, ¿quiénes son los beneficiarios económicos de este nuevo programa? Aquí, en este punto, el prólogo delata su encubrimiento:

“En la aplicación de estas políticas [neoliberales], con la finalidad de evitar el resurgimiento
de los movimientos políticos y sociales, la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas,
conforme a la doctrina de seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses
extranacionales”

Y más adelante incluso vuelve a referirse a los beneficiarios burgueses con la misma vaguedad conceptual: “Actualmente tenemos por delante la inmensa tarea de revertir una situación de impunidad y de injusticia social, lo que supone vencer la hostilidad de poderosos sectores que con su complicidad de ayer y hoy con el terrorismo de estado y las políticas neoliberales la hicieron posible”10 El texto debiera mencionar con nombres y apellidos a los beneficiarios directos de esta masacre puntillosamente organizada, de la no sólo son sus principales cómplices, sino también sus más enérgicos organizadores. La vaguedad conceptual es la consecuencia de la impotencia política, y por lo tanto, de la complicidad sistémica del poder político con el modelo de la valorización financiera y sus beneficiarios. No obstante, a pesar de las impresiciones, vaguedades y encubrimientos del Prólogo, lo cierto es que la duda por los beneficiarios económicos sigue abierta, y aquí es donde la imprecisión conceptual permite la emergencia de actores sociales que justamente precisen lo que no está claro. En este aspecto, considero importante resaltar que los juicios a Carlos Blaquier (propietario de Ledesma S.A. procesado por participación en crímenes de lesa humanidad), o a Ernestina Herrera de Noble (accionista mayoritaria del Grupo Clarín S.A. juzgada por apropiación ilegal de bebes, y por la expropiación ilegal y forzada de la empresa Papel Prensa S.A.), o incluso el más reciente juicio a Mercedes Benz Argentina por parte de la justicia norteamericana (por la desaparición de 13 trabajadores pertenecientes a la comisión interna de la fábrica), tienden a restablecer la relación entre los delitos y las penas, y a garantizar el cumplimiento de la constitución y sus garantías para todos por igual. Pero sobre todo a esclarecer la lectura de nuestro pasado que en gran medida determina la lectura de nuestro presente.

Bibliografía

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· BASUALDO, E; KHAVISSE, E y ASPIAZU, D. (2003) El nuevo poder económico en la Argentina de los 80. Ed. Siglo XXI. Bs As. Ver principalmente capitulo 1 referido a la oligarquía diversificada y el Plan Pinedo.

· BASUALDO, Eduardo (2012) Estudios de historia económica Argentina. Desde mediados del Siglo XX hasta la actualidad. Ed. Siglo XXI. Bs. As.

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